Descargas ilegales

Denuncio aquí, con toda la rabia que puedo, la vergonzosa campaña de desinformación llevada a cabo por TVE, una televisión que, por ser pública, debería poner algo más de rigor en el enfoque objetivo de las noticias. Es muy hiriente escuchar a la siempre entrañable Ana Blanco mentir de forma más que evidente cuando dice que la Ley Sinde pretende regular las "descargas ilegales" (¿cómo no posicionarse a favor de una ley que sólo quiere poner freno a algo que es 'ilegal'?). Blanco no es la única que hace suya esa expresión ampliamente difundida en convenientes notas de prensa emitidas desde las altas instancias y que es cualquier cosa menos objetiva o, simplemente, cierta.

Es increíble que a estas alturas tengamos que seguir informando quienes no somos periodistas, para contrarrestar la desinformación proveniente de los medios que deberían contar las cosas como son. Porque las cosas son así: las descargas sin ánimo de lucro NO son ilegales, NI delictivas, NI perseguibles. Lo han repetido hasta la saciedad todos aquellos jueces que han tenido que dictar sentencia de acuerdo a la Ley. Lo que ocurre es que, precisamente por eso, se ha decidido quitar de enmedio a los jueces. La Ley Sinde -una imposición de la industria del espectáculo norteamericana, no hay que olvidarlo- estipula que será una comisión de 'expertos' la que decidirá, de forma fulminante, qué webs han de ser cerradas o perseguidas, para envidia del Tribunal McCarthy de los años 50. Los jueces recibirán el dictamen de esta comisión y simplemente firmarán las órdenes de persecución o cierre, de forma express. La Ley Sinde supone pasarse la separación de poderes y las garantías jurídicas del sistema democrático por el forro. Nada menos. Y eso sí que debería ser ilegal.