Descargas ilegales

Denuncio aquí, con toda la rabia que puedo, la vergonzosa campaña de desinformación llevada a cabo por TVE, una televisión que, por ser pública, debería poner algo más de rigor en el enfoque objetivo de las noticias. Es muy hiriente escuchar a la siempre entrañable Ana Blanco mentir de forma más que evidente cuando dice que la Ley Sinde pretende regular las "descargas ilegales" (¿cómo no posicionarse a favor de una ley que sólo quiere poner freno a algo que es 'ilegal'?). Blanco no es la única que hace suya esa expresión ampliamente difundida en convenientes notas de prensa emitidas desde las altas instancias y que es cualquier cosa menos objetiva o, simplemente, cierta.

Es increíble que a estas alturas tengamos que seguir informando quienes no somos periodistas, para contrarrestar la desinformación proveniente de los medios que deberían contar las cosas como son. Porque las cosas son así: las descargas sin ánimo de lucro NO son ilegales, NI delictivas, NI perseguibles. Lo han repetido hasta la saciedad todos aquellos jueces que han tenido que dictar sentencia de acuerdo a la Ley. Lo que ocurre es que, precisamente por eso, se ha decidido quitar de enmedio a los jueces. La Ley Sinde -una imposición de la industria del espectáculo norteamericana, no hay que olvidarlo- estipula que será una comisión de 'expertos' la que decidirá, de forma fulminante, qué webs han de ser cerradas o perseguidas, para envidia del Tribunal McCarthy de los años 50. Los jueces recibirán el dictamen de esta comisión y simplemente firmarán las órdenes de persecución o cierre, de forma express. La Ley Sinde supone pasarse la separación de poderes y las garantías jurídicas del sistema democrático por el forro. Nada menos. Y eso sí que debería ser ilegal.

El patadón de Sinde en la puerta

La Ley Sinde, con todos los buenos propósitos que se le quisieran suponer -y suponiendo, además, que hubiera sido el fruto de una decisión tomada sin la injerencia de los EE.UU.-, es una 'cagada' antidemocrática. Que nadie se soliviante por el término empleado, es así y así hay que decirlo. ¿Lo quieren más claro? Martanauta lo explica así de bien:

"Para que nos aclaremos, hasta el día de hoy, una página web que tuviera links a contenidos con derechos de autor, se denunciaba y, como consecuencia, el creador iba a juicio. A continuación, el juez se ponía manos a la obra, estudiaba el asunto y, aplicando la ley vigente en nuestro país, dictaba sentencia absolutoria, ya que en España no es delito esa práctica. Sin embargo a partir de hoy, con la Ley Sinde, el juez queda como mera figura decorativa, ya que el supuesto delito, no le llega al juez sino a una “comisión”, que una vez que decida, siempre según sus criterios, cerrar la web, se lo comunica al juez y le dice además que ratifique ese cierre. Y a continuación la página se cierra."

Y no se pierdan el ejemplo que pone, para que lo entendamos mejor:

"Supongamos otro tipo de situación, como por ejemplo, una denuncia por… a ver… a ver… algo que esté muy de moda… ¡ah! ya se me ocurre, un político – no daré nombres, pero podéis elegir entre varios- acusado de corrupción. Bien, pues, según la Ley Sinde, el tema es muy sencillo: en vez de denunciar el hecho ante un juzgado, el asunto de la supuesta corrupción se envía a una “comisión”, compuesta no por jueces, o abogados, o fiscales, no, compuesta por supuestos “expertos” del Ministerio del Interior. Una vez allí, la comisión “decide” que el político ha cometido un delito de corrupción. Se llama al juez y se le dice que ratifique lo que la comisión dice, y a continuación, se mete al pollo en la cárcel, sin juicio ni nada. ¿A que suena raro? ¿A que suena a “tribunal popular” aquí te pillo y aquí te mato? ¿A que suena a inconstitucional? ¿A que suena a burrada? ¿A que suena a atentado contra los derechos fundamentales de las personas?"Seguir leyendo...

Y para cosas como éstas, el PP y el PSOE sí que se ponen de acuerdo. ¡Manda huevos!